Chile se compromete a reparar a una víctima de esterilización forzada en un hospital

Chile ha firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa en el que se compromete a reparar a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilización forzada en un hospital público en 2002, y, además, a implementar medidas de no repetición.

El acuerdo ha sido firmado siete años después de que la CIDH admitiera el caso de Francisca y cuatro años después de que el Estado haya admitido su responsabilidad por la vulneración de los derechos de la mujer, quien, tras ingresar al hospital para que le realicen una cesárea, se despertó con la noticia de que no iba a poder quedar embarazada nunca más.

"Francisca denunció a los médicos, se abrió un proceso penal y administrativo en contra de los profesionales de la salud que ejercieron esta vulneración tan horrible a su integridad, pero se consideró que ellos no habían cometido ningún delito ni ninguna falta", cuenta a Efeminista Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que llevó el caso a la Comisión.

Martínez asegura que el resultado judicial en Chile fue producto de "estereotipos de género y discriminaciones". "Se consideró que los profesionales de la salud habían actuado con el consentimiento de Francisca cuando no existía un escrito firmado por ella en ninguna parte. Además, había el prejuicio que una mujer que vive con VIH no puede ser madre lo cual es absolutamente falso", agrega.

El caso de Francisca

Francisca (nombre protegido) vivía en una zona rural de Chile cuando en 20o2 decidió que quería ser madre. Durante la primera etapa de su embarazo se enteró que era VIH positivo, pero siguió el tratamiento con antirretrovirales. Tomó las medidas necesarias para reducir el contagio vertical, dio a luz mediante cesárea y su hijo nació sano. Fue en esa intervención en la que los médicos que la atendieron le hicieron una esterilización sin su consentimiento.

"Ella inició diferentes acciones legales en las que no encontró justicia. Es decir, nunca se le reparó ni se consideró que haya sido una violación a sus derechos internamente en Chile", recuerda Martínez. Fue entonces cuando la organización Vivo positivo, que trabaja por los derechos de las personas con VIH, se contactó con el Centro de Derechos Reproductivos para litigar el caso de Francisca.

En el 2017 se realizó la audiencia de fondo del caso ante la CIDH en la que el Estado reconoció su responsabilidad y propuso un acuerdo de solución amistosa. "Nosotras teníamos dos opciones o rechazar el acuerdo y seguir el litigio en la Corte Interamericana o sentarnos a negociar. Y esta decisión quedó en Francisca que finalmente se decidió por el acuerdo porque ella quería alcanzar pronto sus medidas de reparación", relata Martínez.

Sin embargo, señala que el proceso contencioso no se ha agotado y ellas aún pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si Chile no cumple con el acuerdo en los tiempos establecidos.

Entre las reparaciones generales Chile se ha comprometido a implementar políticas para garantizar los derechos reproductivos como derechos humanos sin discriminación.

Chile y la esterilización forzada

Martínez asegura que el caso de Francisca no es el único. "En esa época también publicamos un informe que se llama "Dignidad negada" que especifica los casos de esterilizaciones forzadas de mujeres que vivían con VIH en Chile".

Según datos difundidos por la organización, el 50 % de las mujeres que fueron esterilizadas por diagnóstico VIH positivo "recibieron el procedimiento bajo presión". Y el 56 % de mujeres encuestadas aseguraron que los médicos las habían presionado para "que evitaran el embarazo".

"El caso de Francisca es representativo de una practica que ocurrió en un tiempo determinado en Chile y que se ha replicado en otros países de la región. En este momento es muy importante que haya un reconocimiento público del estado de Chile porque hay que acabar con estas practicas patriarcales que siguen existiendo", valora la directora.

El Centro de Derechos Reproductivos destaca que este acuerdo marca un precedente no solo en Chile sino también en otros países de América Latina. "Hay un Estado reconociendo por sí mismo su responsabilidad en la vulneración de derechos cuando se realiza una esterilización forzada y eso crea un estándar soberano para que otros estados puedan replicar lo que Chile está haciendo". Y da paso a que otras víctimas chilenas como Francisca puedan encontrar justicia dentro de su propio país.

"Francisca siente que este es un comienzo de justicia y reparación. Pero al final realmente nada va a reparar el daño que ella sufrió y los años que transcurrieron para que empiece una concientización de las violaciones que ocurrieron", confiesa Martínez.

Y agrega que lo importante con este acuerdo es que se haga lo suficientemente visible para que las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos puedan impulsar otros cambios mas allá de los que el mismo acuerdo contempla.